El Supremo considera ilícito el Informe de Investigador Privado como prueba

Buenas tardes letrad@s sentad@s,

Hoy, en el post semanal, haremos el primer análisis en el Blog de una Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo sobre la licitud de las pruebas y la correspondiente aplicación del principio anglosajón del “fruto del árbol emponzoñado”.

Así que. ¡¡A por ello!!

Para situarnos en antecedentes de los hechos, por un lado tenemos la parte demandada, siendo esta una empresa, mientras que por otro lado tenemos al demandante, un trabajador que ostenta la categoría de titulado grado superior, a la vez que está inscrito en el listado de abogados del turno de oficio. El asunto se desarrolla sobre el hecho de que la empresa acusa al trabajador de hacer sus labores del turno de oficio en horario laboral, por lo que acuden a una investigadora privada que intenta concertar una cita con el presunto infractor, para demostrar y constatar el desempeño profesional que realiza.

Por eso, la investigadora insiste en tener una cita que tenga lugar dentro del horario laboral del abogado, aunque este insiste en las primeras llamadas telefónicas en tener esta reunión durante la tarde del viernes o en fin de semana, dado que en esas franjas no se encuentra trabajando. Al fin, ante la insistencia de la supuesta clienta, accede a reunirse el lunes 30 de noviembre a las 18.30h (su jornada laboral finaliza a las 19.30h).

Así son las cosas, que desde el 15 de diciembre se da al trabajador permiso retribuido y, en fecha 18 de diciembre de 2015 el trabajador acude a la sede de la empresa en Madrid, donde en es mismo momento se le comunica el despido disciplinario.

Dicho todo lo anterior, la parte actora -trabajador- presenta demanda ante el Juzgado de lo Social nº1 de Granada. Este con fecha 27 de octubre de 2016 (núm. Autos 2311/2016) estima parcialmente la demanda, declarando la IMPROCEDENCIA del despido por parte del órgano empresarial. En la parte dispositiva de la referida sentencia advierte que:

“Que estimando parcialmente la demanda interpuesta (…) se declara la improcedencia del despido realizado por la demandada, y se condena a la empresa a que dentro del plazo de 5 días a contar desde la notificación de la presente Sentencia, opte entre la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, o le abonen en concepto de indemnización…”

Además, a posteriori se añadió la condena en costas y el abono de los honorarios de la parte actora hasta un máximo de 600 euros.

En el mismo orden de cosas, la empresa, posicionándose en contra de tal pronunciamiento, presentó Recurso de Suplicación ante el TSJ de Granada, el cual modificó la anterior resolución, estimando como PROCEDENTE el despido realizado por la empleadora, exponiendo:

“Que desestimando la nulidad de actuaciones primeramente interesada por la empresa demandada (…) y entrando a conocer del fondo del recurso interpuesto por aquella contra la sentencia de fecha 27 de Octubre de 2016 del Juzgado de lo Social Num. 1 de los de Granada, en proceso por despido y reclamación de cantidad (…) debemos, confirmando el pronunciamiento sobre la reclamación de cantidad que se conforma por la demandada, revocar aquella sentencia en el sentido de declarar el cese del trabajador demandante como despido procedente absolviendo, por ende, de la pretensión de despido deducida por el trabajador a la empresa demandada.”

A su vez, modificaba los hechos probados 5º y 7º de la Sentencia precedente (STSJ de Granada de 13 de julio de 2017, Rec. 325/2017). En este punto, es donde se vulneran distintos derechos del trabajador, así que, admitiendo modificar estos hechos, en especial el séptimo donde se redacta la labor ejercida por la investigadora privada provoca la insostenibilidad de dicha prueba aportada por la empresa.

Ante estas idas y venidas de pronunciamiento, el trabajador presenta ante la Sala 4ª de lo Social del Tribunal Supremo el oportuno Recurso de Casación para la Unificación de la Doctrina, articulando:

·Primer motivo: Denuncia la vulneración por la Sentencia recurrida del art. 287 LEC relacionada directamente con lo expuesto por los artículo 90 y 75.4 LRJS, dado que se admitió la validez del informe de detectives cuando el Juzgado de Instancia lo había considerado como prueba ilícita, ante lo cual aporto la STS, sala de lo Social, de 20 de junio de 2017 (rec. 1654/2015) y la del 15 de octubre de 2014 (rec. 1654/2013).

·Segundo motivo: Infracción del art. 193.c) de la LRJS, por el mero hecho de que la Sentencia recurrida en suplicación modificó el hecho probado 7º de la Sentencia de instancia en base al informe de la detective privada, cuya naturaleza se corresponde como una prueba testifical (y no documental como hace la Sentencia recurrida).

Por lo que la STS, sala de lo Social, núm. 155/2020, de 19 de febrero (Rec. 3943/2017) analizará y pivotará entorno la resolución de estos dos motivos principales, que no ahondarán sobre el fondo del asunto para saber si el despidos, es o no, procedente, sino que valorarán la licitud de la prueba del informe de detectives aportada por la empresa demandada.

La Sala Cuarta empieza valorando el Segundo motivo del recurso, apelando a la STS de 15 de octubre de 2014 (rec. 1654/2013) usada de contraste y, aportada por el trabajador, donde la misma niega absolutamente como adecuada la actuación de modificar esta clase de hechos probados, señalando como doctrina reiterada de la misma Sala que:

“… los documentos que reflejan manifestaciones de terceros, entre ellos, los informes de detectives privados, no es dable configurarlos como prueba documental a los efectos de fundamentar la revisión fáctica en suplicación, ni tampoco el error de hecho en casación ordinaria, al no tratarse de un auténtico documento sino de meras manifestaciones testimoniales formuladas por escrito que por ello no pierden su verdadero carácter de prueba testifical o de una denominada prueba testifical impropia, que solo habría adquirido todo su valor procesal como tal prueba testifical de haber sido ratificada en juicio por sus firmantes, cuya valoración queda a la libre apreciación del juzgador de instancia, como se deduce, además, palmariamente de la redacción literal de los preceptos procesales reguladores; y ello, aunque la prueba testifical en algunos supuestos pueda ofrecer “ un índice de comprensión sobre el propio contenido de los documentos en los que la parte” encuentra fundamento para las modificaciones propuestas.”

De tal manera, en el punto 2 de los FD Segundo de la Sentencia, la Sala indica que la doctrina correcta es la de la Sentencia aducida anteriormente, ya que la reiterada jurisprudencia, como por ejemplo la STS 24 de febrero de 1992, viene insistiendo y manteniendo que aunque los informe de detectives se presenten por escrito corresponden propiamente como prueba testifical, suponiendo a su vez, la inutilidad para poder modificar los hechos probados en suplicación.

Así que, la Sala concluye estimar el extremo segundo del recurso y considerar la prueba del informe de detectives como una prueba testifical y, no documental como había hecho el TSJ de Granada en la resolución del Recurso de Suplicación presentado por la empresa.

Probado lo anterior, la Sala en su FD Cuarto, centra su atención en considerar si la prueba es lícita o no. Para ello, se apoyan en la STS, sala de lo Social, de 20 de junio de 2017 (rec. 1654/2015), usada de contraste donde resolvió lo siguiente:

“… tanto el art. 287 LEC como el art. 90.2 LRJS, en los que se disponen la proscripción de la prueba ilícita; a la par que -también como el recurrente argumenta-, la Sala de Suplicación ha desconocido la obligada igualdad de partes en el proceso, al producirse una “desigualdad que ha procurado antijurídicamente en su provecho quien ha recabado instrumentos probatorios con desprecio de los derechos fundamentales del otro, (…) es propio de nuestra función destacar la obligada observancia de la buena fe procesalart. 75.4 LJS: “Todos deberán ajustarse en sus actuaciones en el proceso a las reglas de la buena fe”- y su flagrante ausencia en el presente caso, a la hora de practicar y aportar a juicio la prueba de detectives de que tratamos».

De tal forma, que la Sala en su FD Tercero, punto quinto, indica que la Sentencia referencial o de contraste, considera este tipo de pruebas como ilícitas asemejándolas a lo que penalmente calificamos como “delito simulado”, a la vez que subraya la garantía de los principios constitucionales de la dignidad de la persona y su absoluta libertad, prohibiendo cualquier acción coactiva sobre la voluntad ajena, así como el uso de procedimientos éticamente reprobables.

Asimismo, de la multitud de jurisprudencia de apoyo que aporta la Sala, se hace valer de la doctrina anglosajona del “fruto del árbol emponzoñado”, en cuya virtud al Juez se le prohíbe valorar no sólo las pruebas obtenidas con violación de los derechos fundamentales, sino cualquiera que se desprendan de aquellas. En futuros posts, trataremos este concepto de forma individual para conocerlo un poco mejor.

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo finalmente concluye lo siguiente:

La prueba es ilícita, por cuanto la promoción de una consulta simulada, instrumentada por una detective privada contratada por la empresa, para probar que el demandante ejercía la abogacía por cuenta propia en horas de trabajo, forzada una y otra vez por la detective, quien rechazó ver al demandante fuera de sus horas de trabajo, supuso una clara acción coactiva sobre la voluntad del trabajador, así como la utilización de procedimientos ilícitos o éticamente reprobables, que vulneró el derecho a la dignidad del trabajador, asegurada por el art. 10 CE, así como a su libre y espontánea determinación, como resalta la sentencia de contraste. – Dicha prueba no debió admitirse por la sentencia recurrida, ni tampoco permitir que desplegara plenos efectos probatorios, por cuanto el órgano judicial no puede, a tenor con el art. 11 LOPJ en relación con el art. 90 LRJS, fundar su decisión en pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando derechos fundamentales y libertades públicas, existiendo múltiples pronunciamientos…”. Uso de la doctrina anglosajona del “fruto del árbol emponzoñado”.

En definitiva, podemos apreciar como la Sala de lo Social del Tribunal Supremo estima el Recurso de Casación, anulando la Sentencia recurrida para que sea devuelta a la Sala de procedencia y, esta enjuicie el supuesto de una forma óptima, es decir, considerando como prueba NO DOCUMENTAL el informe de detectives (prueba testifical que no permite modificar hechos probados en Suplicación), el cual no debió ser admitido por la ilicitud de su procedimiento, como hemos podido observar en los extremos anteriores y, decida en nueva Sentencia sobre el recurso interpuesto por la empresa en los restantes términos y motivos planteados.  


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