¿Cuándo es preceptiva la postulación en los Expedientes de Jurisdicción Voluntaria?

Buenas tardes letrad@s sentad@s,

En nuestra cita semanal, trataremos una materia judicial que muchas veces pasa desapercibida o incluso es desconocida por la mayoría de la sociedad. Os hablo de los expedientes de jurisdicción voluntaria, regulados por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.

Así son las cosas, que la incorporación de este tipo de ley conforma un proceso de modernización y transformación del sistema positivo de tutela del derecho privado. Podemos apreciar, que ya en la DF 18ª de la Ley 1/200, de 07 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se encomendaba al Gobierno la correspondiente remisión a las Cortes Generales para hacer nacer esta ley, en la que se vislumbraba un marco legal vinculado con la construcción de un sistema procesal avanzado y verificable al existente en otros países, quedando dicha exposición así:

“En el plazo de un año a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de Ley sobre jurisdicción voluntaria.”

La ley objeto de análisis, ofrece una respuesta a la necesidad, obvia, de una nueva ordenación legal, adecuada, razonable y realista de la jurisdicción voluntaria. Tal y como apreciamos en el preámbulo de esta, la normativa anterior advertía de la huella temporal, con notorios defectos de regulación y normas obsoletas o sin el oportuno y adecuado rigor técnico.

De tal forma, visto el motivo y objetivo principal por el cual se realizó y promulgó la Ley de Jurisdicción Voluntaria, os quería hablar de una de las características más especiales para iniciar esta clase de expedientes.

Uno de los extremos más relevante de la presente ley versa sobre la postulación en los expedientes, ya en la parte X del Preámbulo se advierte que:

“En cuanto a la postulación y defensa, la Ley no establece un criterio general, dejando el carácter preceptivo de la intervención de Abogado y Procurador a cada caso concreto. (…).”

Por lo tanto, esto nos comunica que generalmente los expedientes de jurisdicción voluntaria NO serán NECESARIA la intervención de abogado y procurador para hacer valer nuestras pretensiones. Así lo regula el artículo 3.2 de la LJV, exponiendo que:

“Tanto los solicitantes como los interesados deberán actuar defendidos por Letrado y representados por Procurador en aquellos expedientes en que así lo prevea la presente Ley. No obstante, aun cuando no sea requerido por la ley, las partes que lo deseen podrán actuar asistidas o representadas por Abogado y Procurador, respectivamente. (…).”

Con esto apreciamos, que en los expedientes que la ley exprese la necesidad de intervenir mediante Letrado y Procurado, estos serán obligatorios, mientras que en los casos restantes recaerá sobre las partes la voluntariedad de contar con dicha postulación.

Además, el artículo mencionado sigue hablando sobre dicho aspecto, expresando que:

En todo caso, será necesaria la actuación de Abogado y Procurador para la presentación de los recursos de revisión y apelación que en su caso se interpongan contra la resolución definitiva que se dicte en el expediente, así como a partir del momento en que se formulase oposición.”

Es decir, que a grandes rasgos el Abogado y Procurador deberán estar presentes en un expediente de Jurisdicción Voluntaria cuando la ley advierta su obligatoriedad, así como cuando se interpongan recursos de revisión y apelación contra la resolución definitiva, o bien, al momento en que se formule oposición. En los restantes casos, dicha intervención no es preceptiva y, por tanto, serán los interesados los que decidan si quieren o no contar con dicha postulación.

Para tenerlo algo más claro, a continuación os expondré los expedientes en los que ES PRECEPTIVA dicha postulación. Mirad a continuación:

1.- Cualquier procedimiento en que se formule oposición (art. 3.2).

2.- Remoción del tutor o curador (art. 43.3).

3.- Autorización o aprobación judicial para la realización de actos de disposición, gravamen u otros que verse sobre bienes y derechos de menores y personas con capacidad modificada judicialmente, cuando el valor del acto para el que se incoe el expediente supere los 6.000€ (art. 62.3).

4.- Intervención judicial en los casos de desacuerdo conyugal y para la administración de bienes gananciales para la realización de un acto de carácter patrimonial que supere el valor de 6.000€ (art. 90.3).

5.- Supuestos en que se renuncie del albacea, prórroga del plazo de este, remoción de su cargo, rendición de cuentas del albacea, u obtención de autorización para que el mismo pueda efectuar actos de disposición sobre bienes de la herencia si la cuantía del caudal hereditario fuera superior a los 6.000€ (art. 91.2).

6.- En la designación del contador partidor dativo en los casos previstos en el artículo 1.057 CC; renuncia del contador-partidor nombrado o de prórroga del plazo fijado para la realización de su encargo, o para la aprobación de la partición realizada por el contador-partidor cuando resulte necesario por no haber sido confirmada expresamente por todos los herederos y legatarios, si la cuantía del caudal hereditario es superior a 6.000 euros (art. 92.2).

7.- En la aceptación o repudiación de la herencia si la cuantía hereditaria es superior a 6.000€ (art. 94.4).

8.- Cuando en la fijación del plazo para cumplir las obligaciones hubiese oposición (art. 97) y la cuantía de este fuese superior a los 2.000 € (art. 23.2. 1º y 31.2.1º LEC).

9.- Sobre el expediente de deslinde de fincas no inscritas en el Registro de la Propiedad cuando el valor de esta supere los 6.000€ (art. 105.3).

10.- Para la exhibición de libros, documentos y soportes contables de la persona obligada a llevarlos (art. 113.2).

11.- Entorno la convocatoria de Juntas Generales de sociedades mercantiles (art. 118.3).

12.- Acerca del nombramiento y revocación del liquidador, auditor o interventor de una entidad (at. 121.3).

13.- Sobre la reducción de capital social y de la amortización o enajenación de las participaciones o acciones (art. 124.3).

14.- En la disolución judicial de sociedades (art. 126.3).

15.- Para la convocatoria de asamblea general de obligacionistas (art. 130.3).

16.- En la adopción de las medidas previstas en la legislación mercantil en los casos de robo, hurto, extravío o destrucción de títulos valor o de representación de partes de socio (art. 133.3).

En la otra cara de la moneda, tenemos los expedientes en que NO NECESITAMOS dicha postulación:

1.- Sobre la autorización o aprobación judicial de reconocimiento de la filiación no matrimonial (art. 24.3).

2.- La habilitación para comparecer en juicio y nombramiento de defensor judicial (art. 28.3).

3.- Entorno la adopción (art. 34.2).

4.- Para la constitución de la tutela, curatela y la guarda de hecho (art. 43.3).

5.- Sobre la concesión judicial de la emancipación y del beneficio de la mayoría de edad (art. 53.3).

6.- En la protección del patrimonio de personas con discapacidad (art. 57.3).

7.- Para la autorización judicial del consentimiento a las intromisiones legitimas en el ámbito de protección del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen del menor o persona con capacidad modificada judicialmente (art. 59.3).

8.- Autorización o aprobación judicial para la realización de actos de disposición, gravamen u otros que verse sobre bienes y derechos de menores y personas con capacidad modificada judicialmente, cuando el valor del acto para el que se incoe el expediente NO SUPERE los 6.000€ (art. 62.3).

9.- En la declaración de ausencia y fallecimiento (art. 68.4).

10.- Para la dispensa de impedimento matrimonial (art. 81.3).

11.- Sobre la intervención judicial en supuestos de desacuerdo conyugal y en la administración de bienes gananciales para realizar actos de carácter patrimonial con valores inferiores a 6.000€ (art. 90.3).

12.- Supuestos en que se renuncie del albacea, prórroga del plazo de este, remoción de su cargo, rendición de cuentas del albacea, u obtención de autorización para que el mismo pueda efectuar actos de disposición sobre bienes de la herencia si la cuantía del caudal hereditario fuera INFERIOR a los 6.000€ (art. 91.2).

13.- En la designación del contador partidor dativo en los casos previstos en el artículo 1.057 CC; renuncia del contador-partidor nombrado o de prórroga del plazo fijado para la realización de su encargo, o para la aprobación de la partición realizada por el contador-partidor cuando resulte necesario por no haber sido confirmada expresamente por todos los herederos y legatarios, si la cuantía del caudal hereditario es INFERIOR a 6.000 euros (art. 92.2).

14.- En la aceptación o repudiación de la herencia si la cuantía hereditaria NO SUPERA los 6.000€ (art. 94.4).

15.- Generalmente, para la fijación del plazo para el cumplimiento de obligaciones. Si hay oposición en este expediente se seguirá por los trámites del juicio verbal (art. 97.2 y 3), por lo que si la cuantía del proceso es INFERIOR a 2000 euros no será preceptiva la asistencia letrada ni de procurador (arts. 23.2. 1.º y 31.2. 1.º LEC).

16.- En la consignación judicial (art. 98.3).

17.- Sobre la autorización judicial al usufructuario para reclamar créditos vencidos que formen parte del usufructo (art. 101.2).

18.- Para el expediente de deslinde de fincas NO inscritas en el Registro de la Propiedad si el valor de la finca NO SUPERA los 6.000€ (art. 105.3).

19.- En las enajenaciones en subasta de bienes o derechos determinados, a instancia del propio interesado (art. 109.2).

20.- Acerca del nombramiento de perito en los contratos de seguro (art. 137.3).

En conclusión, hemos visto la regla general que nos indica cuando es preceptiva la intervención de abogado y procurador, y cuando no lo es, a la vez que hemos hecho la correspondiente lista, tratando los supuestos concretos en que dicha postulación deberá intervenir, o de lo contrario resulta innecesaria, o mejor dicho, recae sobre la voluntad de las partes.


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