Análisis de la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional

Buenas tardes letrad@s sentad@s,

Esta semana vamos a profundizar y analizar la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional publicada a finales de marzo, es decir, hará cuestión de semanas en la que el propio Tribunal estimo de forma parcial el amparo de una trabajadora a la que se le vulneraron sus Derechos Fundamentales (en adelante, DDFF) a la intimidad y el secreto de las comunicaciones producidos a raíz de la monitorización de su ordenador.

Para situarnos en antecedentes del supuesto de hecho, debemos conocer previamente que la demandante/empleada trabajaba para una empresa con objeto social consistente en la tecnología. En abril de 2017, la empresa le comunicó la apertura de un expediente disciplinario por incumplimientos de la buena fe contractual y desobediencia a las indicaciones de sus superiores jerárquicos.

Con el objetivo de acreditar lo anterior, el órgano empresarial decidió poner en práctica el protocolo de monitorización del equipo informático de dicha trabajadora y así determinar en qué destinaba su jornada laboral. Un mes después, en mayo del mismo año, la mercantil comunicó el despido disciplinario de esta, argumentando, entre otras cuestiones, que la empleada dedicaba el 70% de su jornada laboral a cuestiones personales y ajenas a su desempeño profesional, dado que solo destinaba un 30% a tareas por las que se la había contratado.

Así las cosas, se interpuso demanda por la trabajadora en la que el Juzgado de lo Social número 19 de Madrid apreció que se habían vulnerado los DDFF a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, declarando la nulidad del despido, lo que en líneas generales supone la readmisión inmediata de la trabajadora con los abonos de los salarios dejados de percibir desde el momento en que fuese despedida.

La referida sentencia argumentó lo siguiente:

la monitorización del ordenador de la demandante ha permitido a la empresa conocer y grabar todo lo que apareciese en su pantalla, y se ha traducido en el conocimiento de mensajes de correo electrónico, ajenos a lo laboral y por tanto personales, que la actora remitió a familiares y a su asesora legal, como se desprende del contenido de la propia carta de despido”.

Tras este fallo, la mercantil recurrió la sentencia en suplicación, donde el TSJ de Madrid siguió confirmando que la prueba obtenida con la monitorización del ordenador era ilícita por haberse obtenida con violación de los DDFF, pero modificó el carácter del despido como improcedente y, rechazó, por esta razón pronunciarse sobre la indemnización que por vulneración de los DDFF se había concedido por el juzgado de lo social.

En vista de lo anterior, ambas partes interpusieron recursos de casación para la unificación de doctrina que fueron inadmitidos por auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2019.

Ante tal acontecimiento, el supuesto acabó en manos de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, el cual consideró que la actuación de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid había vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, pues, pese a que reconoce que se vulneraron los derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones de la trabajadora, rechazó pronunciarse sobre la indemnización solicitada como consecuencia de dicha vulneración.

En este sentido el TC explicita lo siguiente:

“el argumento utilizado en la sentencia impugnada para denegar la indemnización consistente en afirmar que no ha existido vulneración de derechos fundamentales de la trabajadora debe ser calificado de incongruente, ilógico y contradictorio, pues la propia sentencia reconoce, que se vulneraron los derechos de la trabajadora al monitorizar su ordenador”.

Consecuentemente, el TC anula la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala Social del TSJ de Madrid y retrotrae las actuaciones al momento previo al dictado de la citada resolución para que, en congruencia con lo interesado en el recurso de suplicación en relación con la indemnización solicitada por la demandante, el órgano judicial resuelva de manera respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.

Además, por otra parte, el TC descarta que la nulidad de la prueba obtenida con la violación del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones de la trabajadora, deba llevar aparejada la calificación del despido como nulo, y considera, que no es contrario al derecho a la tutela judicial efectiva, la interpretación que del art. 55.5 del Estatuto de los Trabajadores realiza el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al calificar el despido como improcedente, pese a la nulidad de la única prueba en la que se fundamentaba el despido.

Este último dato supone una gran relevancia por la teoría del “árbol del fruto envenado” que tratamos en pasados posts, dado que el TC valora simplemente prescindir de esa prueba para seguir el enjuiciamiento del caso, en lugar de declarar nulo todo lo probado de la prueba declarada ilícita por vulnerar los DDFF de la trabajadora. Es decir, el TC se aparta de la línea seguida por dicha teoría estadounidense y aplica los principios stricto sensu de nuestro territorio.

Finalmente, la referida sentencia cuenta con el voto particular de la magistrada Dª. María Luisa Balaguer que mostró su disconformidad con la respuesta que la sentencia aprobada da a la primera queja de la demandante de amparo, que denuncia la vulneración del art. 24.1 CE, en relación con el art. 18.1 y 3 CE, por sostener que el despido debía considerarse nulo.

La Magistrada disiente de la sentencia, dado que entiende que no se trata de un simple problema de interpretación de la legalidad ordinaria, sino que tiene un alcance constitucional innegable, que habría requerido la aplicación del canon reforzado que tiene establecido este Tribunal para supuestos similares a éste, que exige una argumentación axiológica que sea respetuosa con el contenido de los derechos fundamentales en juego.

En conclusión, esta reciente sentencia del Tribunal Constitucional que os dejo adjuntada al principio del artículo es muy novedosa sobre todo en lo que concierne a la ilicitud de la prueba, dado que todo lo que se ha desprendido o probado de la monitorización del ordenador de la empleada no ha sido decretado nulo en base a la teoría del “árbol del fruto envenenado” sino que simplemente se ha apartado y se ha seguido enjuiciando el supuesto. Aparte, también tiene gran relevancia por lo que respecta al estudio de la vulneración de los DDFF en la esfera del mundo laboral y, la interpretación que nos ofrece el Tribunal Constitucional, que a mi parecer resulta estar, jurídicamente, muy acertado.

·Fuente: Nota de Prensa núm. 32/2021 del Tribunal Constitucional de fecha 29 de marzo de 2021.


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