Derecho a la educación de los menores. Auto del JPI nº 2 de Tafalla núm. 206/2020, de 09 de noviembre.

Buenas tardes letrad@s sentad@s,

En nuestra entrada semanal analizaremos el Auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de Tafalla núm. 206/2020, de 09 de noviembre (Rec. Núm. 368/2020) por el que se resuelve la conducta negativa de un padre para llevar a sus hijos al colegio la semana que tiene su custodia indicando que tiene miedo a la Covid-19.

¡¡Así que vamos a profundizar en esta resolución!!

Para situarnos en antecedentes, vemos que se interpuso demanda ante el referido juzgado por parte de la madre en la que se solicitaba imponer al padre la obligación de llevar al colegio a los menores y, en caso de no cumplir, acordar que la custodia de estos fuera ejercida en exclusiva por la madre con el objetivo de garantizar el derecho a la educación de los menores, y en su caso, establecer un régimen de visitas con el padre y establecimiento de pensión de alimentos. Asimismo, también se pide apercibir al padre para que no influya ni transmita un menaje negativo a los menores ni tampoco promueva miedo respecto a su escolarización.

Dicho esto, el presente procedimiento se incoa mediante el cauce del art. 156 del Código Civil que preceptúa lo siguiente:

La patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro. Serán válidos los actos que realice uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancias, o en situaciones de urgente necesidad.

En caso de desacuerdo, cualquiera de los dos podrá acudir al Juez quien, después de oír a ambos y al hijo si tuviera suficiente juicio y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, atribuirá sin ulterior recurso la facultad de decidir al padre o a la madre. Si los desacuerdos fueran reiterados o concurriera cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad, podrá atribuirla total o parcialmente a uno de los padres o distribuir entre ellos sus funciones. Esta medida tendrá vigencia durante el plazo que se fije, que no podrá nunca exceder de dos años.”

Podemos advertir que en el acto de la vista el padre reconoció que no había llevado a los niños al colegio por miedo a la Covid-19, pero niega que infunde miedo a los niños, así como que haya reprendido la conducta de llevarlos a raíz de conocer la existencia de este procedimiento de jurisdicción voluntaria. Ante esto último, el órgano apunta que el padre era conocedor, antes de la existencia de este procedimiento, de la obligatoriedad de volver a llevar los niños al colegio, aunque finalmente no fuera así, apuntando todo ello, a que la vuelta de estos al centro vino impulsada por la incoación de este litigio.

Por otro lado, también se confirma que la madre había tenido dudas y miedo en llevar a sus hijos al colegio, pero la realidad es que, a pesar de ello, los siguió llevando porque, según sus manifestaciones, ese miedo quedó relativizado al observar los protocolos activados por el mismo centro escolar, y la obligación comunicada desde el propio centro de que los menores deben estar escolarizados.

El juzgador de instancia también hace alusión al derecho a la educación, ejemplificando que:

Hay que recordar a cualquiera de las partes que el derecho a la educación es del menor no de ninguno de los progenitores. Unos niños con la edad de los de las partes y las circunstancias de salud del mayor, F cuenta con 7 años de edad y D de 12 años con una discapacidad intelectual del 79% van al colegio a aprender pero fundamentalmente a relacionarse con otros niños tan importante en momentos como estos en que la distancia social impuesta por esta crisis sanitaria lo está haciendo más difícil, y esto no puede ni con el padre, ni con su madre, que además como bien dice el Sr. E no están exentos tampoco ellos de riesgo de contagio. Tal y como ha explicado la Sra. M en el acto de la vista, D por su trastorno de autismo, le va muy bien ir al colegio al mantener una rutina que quedaría rota en caso contrario. El mismo Sr. E comunica al centro (correo de 8 de octubre) su preocupación por el retraso que ve en el aprendizaje de F (en la lectura) por problemas de atención.

Por todo ello, el órgano juzgador resuelva lo siguiente:

“…imponer al padre la obligación de llevar al colegio a los menores, y en caso de persistencia del padre en negarse a llevarlos al colegio durante el tiempo que tenga la custodia de los menores, se acuerda: Atribuir a D. ª Marina la facultad de decidir si los hijos menores han de acudir presencialmente al centro educativo en la situación actual de Covid 19.”

Concluyendo, de nuevo se ha hecho valer, en este caso de forma tácita, el principio de favor filii e interés superior del menor que debería concurrir, como en este caso sucede, en cualquier procedimiento de familia. Por mucho que los progenitores discutan o tengan controversias particulares lo que siempre debe primar son los intereses y motivaciones de los menores y, en este caso, se han hecho valer los principios que rigen en materia de familia.


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