Análisis de la STS, Sala Primera, núm. 629/2021, de fecha 27 de septiembre de 2021 (Rec. núm. 1035/2019)

Buenas tardes letrad@s sentad@s,

En el post de hoy analizaremos la reciente STS, Sala Primera, núm. 629/2021, de fecha 27 de septiembre de 2021 (Rec. núm. 1035/2019) teniendo como ponente al Iltre. Sr. José Luis Seoane Spiegelberg. Como paso previo a entrar al fondo de esta resolución, quiero deciros que el tema recae sobre el cambio del primer apellido de la hija recién nacida consistente en agregar al primer apellido del padre, su segundo apellido, el cual estaba en riesgo de desaparecer.

¡¡VAMOS ALLÁ!!

Para situarnos en antecedentes, debemos referir que los padres de la hija en común presentaron solicitud ante el Registro Civil para cambiar el primer apellido de la menor, cuando esta contaba con tan sólo tres días de edad. Como hemos adelantado, la pretensión ejercitada consistía en agregar al primer apellido del padre, su segundo apellido (Jose María), para que los apellidos de la menor pertenecieran a la niña.

La razón que fundamentó la anterior actuación se basaba en que el apellido referido, de origen español y con una antigüedad acreditada de más de 300 años, corría un riesgo de desaparición, ya que, según certificado del INE de fecha 27 de febrero de 2017, en España sólo había 9 personas que lo ostentasen como primer apellido y otras 11 como segundo.

Ante tal solicitud la Dirección General de Registros y Notariado rechaza la pretensión porque entiende que:

“…si lo que se desea es trasmitir legalmente a la hija el apellido Jose María, a fin de no se pierda en el ámbito familiar ni, de resultas, a nivel nacional, bastaría con que el promotor formalizara la inversión de los apellidos que ostenta mediante simple declaración ante el encargado del Registro Civil del domicilio (art. 198 RRC) y dicho cambio alcanzaría a los descendientes sujetos a la patria potestad (art. 217 RRC).”

De tal manera, que los padres interpusieron demanda ante los Tribunales para que se estimara la pretensión de añadir el segundo apellido del padre a la menor, por el hecho de estar en situación de desaparición. De forma resumida, diremos que las primera instancias y su posterior recurso de apelación fueron desestimados, concluyendo en este último caso por parte de la AP de Madrid que:

“Lo anterior supone que en este supuesto, el segundo apellido del padre no pertenece legítimamente a la menor, incumpliéndose así el requisito que se exige para que pueda ser admitida la modificación de apellidos que se pretende, debiendo ser el progenitor, el que en su caso, altere el orden de sus apellidos…”

Es decir, que la Audiencia Provincial de Madrid sigue manteniendo el criterio de origen de la Dirección General de Registros y Notariado, es decir que, para el fin que pretende conseguir el padre, debe ser este el que altere el orden de sus apellidos para que, en consecuencia, haga sus efectos en el nombre de su hija.

Tras todo lo acaecido, los padres prosiguen el cauce procedimental e interponen recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En este orden de cosas, el TS entra a analizar el supuesto enjuiciado, donde empieza por valorar el marco normativo de fundamentación del recurso en el que indica que el art. 57 de la Ley del Registro Civil (en adelante, LRC), así como el art. 205 del Reglamento, preceptúa que:

“…el Ministerio de Justicia puede autorizar cambios de nombre y apellidos, previo expediente instruido en forma reglamentaria, siempre que concurran los requisitos siguientes:

Primero. Que el apellido en la forma propuesta constituya una situación de hecho no creada por el interesado.

Segundo. Que el apellido o apellidos que se tratan de unir o modificar pertenezcan legítimamente al peticionario.

Tercero. Que provenga de la línea correspondiente al apellido que se trata de alterar.”

Por remisión directa, se hace hincapié en el art. 58 de la LRC y su art. 208 del Reglamento que esclarece que …no será necesario que concurra el primer requisito del artículo 57 LRC, antes transcrito, para cambiar o modificar un apellido contrario al decoro o que ocasione graves inconvenientes, o para evitar la desaparición de un apellido español.”

Así pues, para remediar lo anterior el art. 206 del Reglamento ofrece las siguientes posibilidades:

“…segregación de palabras, agregación, trasposición o supresión de letras o acentos, supresión de artículos o partículas, traducción o adaptación gráfica o fonética a las lenguas españolas, y en sustitución, anteposición o agregación de otros nombres o apellidos o parte de apellidos u otros análogos, dentro de los límites legales. Ahora bien, las uniones no podrán exceder de dos palabras, sin contar artículos ni partículas.”

De esta manera, estando previsto de forma expresa y legal, el TS ofrece la siguiente argumentación:

“…la agregación es un mecanismo normativo más idóneo y previsto sin salvedades, para la finalidad pretendida de la conservación de un apellido en riesgo de desaparecer, aun cuando sea cierto que un apellido compuesto no es idéntico a uno individual; no obstante de tal forma se puede conservar en el tráfico jurídico identificativo.”

Por lo que el Tribunal no comparte el argumento de las anteriores instancias y de la propia resolución de la Dirección en cuanto pueda suponer un obstáculo legal insuperable. Además, tampoco coincide con la resolución ofrecía por la AP de Madrid, al resolver que el segundo apellido no cumple el requisito de pertinencia sobre la hija, dado que como bien justifica el TS, el apellido que se pretende incorporar “…hace más de 300 años, pertenece a la familia de la niña y que constituye el segundo de los apellidos de su progenitor, como así figura en la partida de nacimiento de la menor.”

Finalmente, los últimos aspectos a valorar y analizar son si concurre justa causa para el cambio pretendido a tercero o, de lo contrario, constituye tal acción un fraude de ley, dado que el mecanismo normativo elegido se pretende eludir la aplicación del art. 198 del Reglamento, el cual permite la conservación mediante la alteración del orden de los apellidos del padre, tal y como venían fallando las anteriores instancias.

En resumidas cuentas, el TS ofrece tres argumentos clave para ESTIMAR el recurso de casación interpuesto por los padres de la menor:

1.- El Tribunal Supremo considera “…que concurre justa causa cual es la conservación de un apellido español en riesgo de extinción, elevada a rango legal como motivo legítimo para operar el cambio de apellidos.

2.- El propio Tribunal tampoco considera que exista fraude de ley, sino una opción legal, que se encuentra debidamente justificada, ya que “…la agregación de apellidos es un mecanismo normativo expresamente previsto para la conservación de aquellos que se encuentran en peligro evidente de desaparición.”

Aunque, si que es cierto que como se ha venido resolviendo desde un principio “…cabría la posibilidad legal de acudir a la alteración del orden de los apellidos del demandante, lo que desencadenaría el efecto jurídico de la correlativa transmisión de tal cambio a su hija.”

3.- Y por último, aunque lo anterior fuera cierto, aplicando un debido juicio de proporcionalidad, el TS concluye que:

“…los perjuicios que sufriría el recurrente son evidentes, toda vez que, por razón de su edad, recorrido vital y actividad profesional como letrado en ejercicio, es identificado en el tráfico jurídico mediante el empleo de los apellidos xxx, lo que conforma una situación de hecho consolidada, cuya alteración le generaría evidentes perjuicios fácilmente representables, en contraste con los inconvenientes de muy escasa entidad que pueda sufrir su hija xxx, que contaba tan solo con unos días al tiempo de iniciarse el presente expediente y, por lo tanto, cuya identidad no se hallaba consolidada con sus apellidos originarios derivados de la aplicación del art. 109 del CC.”

En conclusión, los autos analizados radicaban en poder realizar el cambio del primer apellido de la hija del demandante consistente en agregar al primer apellido del padre, su segundo apellido, el cual restaba en riesgo de desaparecer.

Dada la concurrencia de los requisitos legales y la existencia de justa causa como es la conservación de un apellido español en riesgo de extinción, elevada a rango legal como motivo legítimo para operar el cambio de apellidos, el TS concluye que no existe fraude de ley sino una opción legal, que se encuentra en este caso debidamente justificada, tal y como hemos se ha argumentado a lo largo del artículo.


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