Análisis de la Sentencia del TSJ de Cataluña de fecha 02 de noviembre de 2021 (Rec. Nº 60/2021).

Buenas tardes letrad@s sentad@s,

En el post de esta semana analizaremos la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Civil y lo Penal) de fecha 02 de noviembre de 2021 (Rec. Nº 60/2021) relacionada con un delito de tráfico de drogas por el que la acusada quedo absuelta. Siento haberos hecho spoiler jurídico.

¡¡VAMOS A POR ELLO!!

Como siempre hacemos y, para situar los antecedentes de lo ocurrido cabe reseñar que en fecha 11 de agosto de 2019 la acusada, mayor de edad, sin antecedentes penales y sin residencia legal en España, llegó al aeropuerto de Barcelona alrededor de las 14:15 horas en un vuelo procedente de Lima (Perú) portando en el interior de su organismo un total de 25 preservativos que en su conjunto contenían cocaína por un peso neto total de 474,80 gramos y una riqueza de base del 80,10% con el objetivo de ser destinada posteriormente al tráfico. Así, el precio de la sustancia referida y distribuida al por menor, calculada por gramos, en esas fechas habría alcanzado la cantidad aproximada de 44.282,56€ en el mercado negro o ilegal.

En el mismo orden de cosas, la acusada fue captada por una organización dedicada al tráfico internacional de drogas que se aprovechó de su extrema situación de vulnerabilidad, dado que al momento de producirse los hechos la inculpada tenía la siguiente situación personal:

1.- Era madre de un bebé de 4 meses nacido de forma prematura tras 7 meses de embarazo.

2.- Residía en un barracón de zinc en uno de los arrabales de Lima junto a su madre, 2 hermanos y otras 2 personas.

3.- Los únicos ingresos de los que disponían eran los escasos que aportaba la madre de la acusada.

Lo anterior, llevó a la susodicha a publicar anuncios de trabajo en los que solicitaba la demanda de empleo de forma urgente, valiéndose de ello la citada organización para ofrecerle la cantidad de 4.000 euros a cambio del transporte de las sustancias indicadas. Tras la aplicación y uso de los medios necesarios para realizar el ilícito, los miembros le dijeron que a la llegada del aeropuerto habría una persona esperándola y proseguir con el proceso.

Por todo lo acaecido la AP de Barcelona, Secc. 3ª, en fecha 22 de junio de 2020 en el PA nº35/20 declaró la absolución de la acusada con todos los pedimentos favorables, a lo que el Ministerio Fiscal se opuso recurriendo la referida Sentencia y, elevando los autos hacia el Excmo. Iltre. Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Entrando en el fondo de la Sentencia a analizar, el TSJC debía abordar los 2 motivos de recurso del Ministerio Fiscal, que eran:

1º.- Infracción de las normas del ordenamiento jurídico, incorrecta aplicación del art. 177 bis del CP.

2º.- Error en la apreciación de la prueba

Enfatizando sobre el primer motivo el TSJC expone que:

“…la prueba ha de versar sobre si se cumplen o no los requisitos del citado art. 177bis 1.11CP. En consecuencia: que una persona sea víctima de trata, incluso si existe los protocolos y se aplican, es una constatación que puede hacer evidentemente la autoridad judicial en base a los hechos que se le presentan, y la prueba que se practica en juicio.”

En este punto, resulta necesario hacer un paréntesis para exponer lo que el Código Penal preceptúa sobre ese artículo tan debatido en los autos enjuiciados. Así pues, el art. 177bis 1.11 del CP dice:

“Sin perjuicio de la aplicación de las reglas generales de este Código, la víctima de trata de seres humanos QUEDARÁ EXENTA DE PENA por las infracciones penales que haya cometido en la situación de explotación sufrida, siempre que su participación en ellas haya sido consecuencia directa de la situación de violencia, intimidación, engaño o abuso a que haya sido sometida y que exista una adecuada proporcionalidad entre dicha situación y el hecho criminal realizado.”

Es decir, deben existir 3 ELEMENTOS para que puede apreciarse esta eximente de pena:

  1. Las infracciones cometidas deben serlo en una situación de EXPLOTACIÓN.
  2. La participación de lo anterior debe ser consecuencia directa de una situación de:
    1. Violencia.
    1. Intimidación.
    1. Engaño.
    1. Abuso
  3. La existencia de una proporcionalidad coherente entre la situación originada y el delito cometido.

Tras el inciso realizado, sigamos con el análisis de la Sentencia que hace el TSJC. Contrariando lo recurrido por la acusación, el Tribunal da por probada la captación y la comisión del delito en fase de explotación (1er requisito) aportando que:

“…la concurrencia del abuso tratándose de una persona en situación de vulnerabilidad, entendiendo que son causas que pueden colocar a una persona en situación de necesidad o vulnerabilidad frente a los tratantes, entre otros, la pobreza extrema; y finalmente explica la proporcionalidad entre dicha situación y el hecho criminal realizado.”

En tal sentido, se invoca el art. 177bis 1.11 del CP porque la declaración de abuso va intrínsecamente ligada a la situación de la acusada que se encuentra en “…una situación de necesidad o vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no tiene otra alternativa real o aceptable que someterse al abuso.«

Es por lo que el TSJC insiste mucho en las distintas fases existentes de captación y explotación para cometer el ilícito penal, además del abuso de una persona que no tiene más opción real o aceptable de someterse a este. Y, lo argumentado se puede acreditar cuando:

“…en esta fase de explotación es sometida a todo tipo de control personal como ha declarado, siendo llevada, después de confiar al bebe a una amiga diciéndole que se iba unos días por trabajo, a un establecimiento donde tras una preparación corporal mediante ingesta medicamentosa, e inyectable es obligada a tragar hasta 28 condones que contenían cocaína liquida, fue transportada al aeropuerto de Lima con 250 euros, dinero que se le interviene a la llegada, portando su billete de vuelta y su reserva de alojamiento en Barcelona.”

Verificados 2 de los requisitos para considerar la exención penal la Sentencia del juzgador a quo concluye que sí se da la proporcionalidad necesaria entre la situación de la acusada y el hecho criminal realizado. En este sentido, el TSJC hace suyos lo argumentos de la sentencia recurrida, alegando que:

«…existe una adecuada proporcionalidad entre tal situación y el hecho criminal cometido, tal y como exige el propio precepto. Requisito este último que, por ejemplo, no permitiría su aplicación en la comisión de otra clase de delitos (piénsese, por ejemplo, en que el encargo consistiera en actuar como «sicario» para dar muerte a otra persona).”

Finalizado el análisis del primer motivo del recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal y, el cual, ha sido totalmente desestimando el TSJC pasa a valorar el segundo motivo, y subsidiario, del recurso: la nulidad de la sentencia por error en la valoración de la prueba.

Para ello, el Tribunal hace mención a una línea doctrinal que acaba refiriendo en la Ley 41/2015 que modificó el recurso de apelación penal, en conjunción con los arts. 792.2 y 790.2 de la LECrim, de los que se desprende lo siguiente:

  1. Que la sentencia de apelación no puede condenar a la persona acusada que resultó absuelta en la instancia ni agravar la sentencia condenatoria por error en la apreciación de las pruebas.
  2. Que, no obstante, podrá ser anulada devolviéndose al órgano que dictó la resolución recurrida.
  3. Ahora bien, para ello será preciso justificar la insuficiencia o falta de racionalidad de la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de la experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia, o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada.

Este inciso me parece crucial, dado que un recurso que pretenda revocar una sentencia absolutoria no se puede tomar a la ligera, dado que la segunda instancia nunca podrá agravar la pena recaída en primera instancia, SALVO que las pruebas de cargo o relevantes para el enjuiciamiento cumplan con los requisitos establecidos en el apartado c) resaltado, lo que llevará a la anulación de la Sentencia para practicar de nuevo el material probatorio, pero nunca al empeoramiento de la condena de la primera instancia.

Por ello, el TSJC argumenta que:

“…no bastará para dar por probada la hipótesis de la acusación con que la misma sea la consecuencia más razonable de las pruebas practicadas, sino que debe serlo más allá de toda duda razonable, pues, como también ha declarado el Tribunal Constitucional, no existe una especie de » derecho a la presunción de inocencia invertido» (STC 141/2006). Por tanto, la nulidad pretendida no sería posible si la conclusión del tribunal de instancia se basa en la valoración completa y racional del cuadro de prueba.”

Esto anterior, lleva al Tribunal a concluir que el tribunal de instancia valoró la prueba en su integridad justificándola adecuadamente, desprendiéndose por tanto que la misma “…tiene la aptitud y consistencia para sustentar la conclusión alcanzada.”

Finalmente, el TSJC desestima el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la Sentencia de instancia, la cual confirman íntegramente.

Concluyendo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aprecia los requisitos que hemos detallad de exención penal del art. 171bis 1.11 del CP y, declara absuelta por tráfico de drogas a la acusada al haber sido considerada como una víctima de trata de seres humanos, ya que se hallaba en una situación de vulnerabilidad extrema, lo que propició, principalmente, su conducta ilícita.


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