El despido improcedente y como tributar su indemnización

Buenas tardes letrad@s sentad@s,

El contenido del menú de hoy tiene por objeto tratar el concepto del despido improcedente, pero más concretamente la tributación que merece la indemnización al darse este. Analizaremos el concepto general del tipo improcedente, además de profundizar en la Consulta Vinculante emitida recientemente por la Dirección General de Tributos (DGT).

Así que…¡¡VAMOS ALLÁ!!

Para dar inicio, debemos saber a grandes rasgos que existen tres tipologías de despido, el disciplinario, los objetivos y/o colectivos. A su vez, estos pueden ser procedentes, improcedentes o nulos, en el caso de que el trabajador se muestre disconforme y reclame. En futuras entradas, hablaremos de forma individual por cada uno de ellos, pero hoy centraremos nuestro análisis en el improcedente, enfatizando la tributación de la indemnización de este.

Con ello, advertimos como el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores aborda la materia del despido improcedente. Observamos que en el supuesto en que un despido se haya declarado improcedente mediante sentencia, el empresario ostentará un plazo de 5 días (desde la notificación de la resolución judicial) para elegir entre: 1) Readmisión del trabajador o 2) Pagar la indemnización equivalente a 33 días de salario por año de servicio, donde los periodos inferiores a 1 años se prorratean por meses, hasta un máximo de 24 mensualidades.

En el caso, que el empleador elija la segunda alternativa esta determinará la extinción del contrato laboral, la cual se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el puesto laboral.

En este punto, debemos hacer un paréntesis y resaltar la Disposición Transitoria Undécima que trata las indemnización por despido improcedente. Este tipo de indemnización se aplicarán a los contratos suscritos a partir del 12 de febrero de 2012.

La indemnización en los contratos formalizados previamente al 12 de febrero de 2012 la DT 11ª expone lo siguiente:

“…se calculará a razón de cuarenta y cinco días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, y a razón de treinta y tres días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior, prorrateándose igualmente por meses los periodos de tiempo inferiores a un año. El importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a setecientos veinte días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior al 12 de febrero de 2012 resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará este como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a cuarenta y dos mensualidades, en ningún caso.”

Por tanto, deberemos tener en cuenta, al momento de reclamar nuestro despido, el momento en que formalizamos nuestro contrato laboral con el empresario, para tener en cuenta la indemnización correspondiente.

Siguiendo con la temática de este tipo de despido, también puede ocurrir que el empresario opte por readmitir al trabajador. En este particular caso, este tendrá derecho a los denominados salarios de tramitación, los que equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios que se han dejado de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia del despido o hasta que hubiera encontrado otro empleo (donde si dicha colocación se diese de forma previa a la sentencia y se probase por el empleador lo percibido) para proceder a su descuento en los referenciados salarios de tramitación.

También es verdad, que en los casos en que el empresario no opte por ninguna de las 2 opciones expuestas, se entenderá que procede la de indemnizar al trabajador despedido de forma improcedente.

Existe una particularidad más ventajosa para los trabajadores que sean representantes legales de los trabajadores o delegados sindicales, dado que la alternativa a escoger siempre corresponderá a estos y no al empresario. En el caso, de no escoger opción se entenderá siempre la readmisión, la cual será obligada tanto si es de forma expresa o presunta. Asimismo, en cualquiera de las opciones a elegir este tipo de trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación antes mencionados.

Finalmente, se indica también que en el caso de la sentencia dictada con más de 90 días hábiles desde la fecha en que se presentó la demanda, da la opción al empresario para reclamar al Estado el abono de la percepción económica a la que se refiere el apartado 2 del artículo 56 -salarios de tramitación- correspondiente al tiempo excedente de esos noventa días hábiles mencionados. Mientras que los despidos donde los salarios de tramitación sean por cuenta del Estado, serán con cargo al mismo las cuotas de la SS correspondiente a dichos salarios.

Expuesto la materia y directrices básicas del despido improcedente, cabe advertir que la alternativa de recibir una indemnización puede quedar sujeta a tributación. Así son las cosas, que el 10 de junio de este año la DGT se ha pronunciado sobre esta materia concreta emitiendo la Consulta V-1876-20.

El caso objeto de análisis se centra en una trabajadora que inició su relación laboral con una empresa el 04 de mayo de 2015 y fue despedida el 12 de abril de 2019. En un principio, la empresa comunicó el despido como objetivo, pero el mismo día rectificó y reconoció la improcedencia de este, satisfaciendo la indemnización prevista en el ET y que acabamos de analizar.

Así son las cosas, que se pregunta por parte de la trabajadora, si el importe indemnizatorio puede caber exento de IRPF o por el contrario deberá quedar sujeto. Para ello, la DGT se apoya en los artículos 7.e) y 18.2 de la LIRPF. El uso concreto de esos artículo se debe a que actualmente el artículo número siete apartado e) de la LIRPF expone que restarán exentas de este impuesto las siguientes rentas:

“Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato. (…) El importe de la indemnización exenta a que se refiere esta letra tendrá como límite la cantidad de 180.000 euros.”

Por ello, la DGT indica que la redacción de este artículo fue establecida por la DF 11ª de la Ley 3/2012, de 06 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, redacción que quedó introducida con efectos desde la entrada en vigor del RDL 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que suprimió el párrafo 2º del texto actual, el cual hacía referencia a la exención de las indemnizaciones por despido cuando el contrato laboral se extinguía de forma previa al acto de conciliación.

Por eso, la DGT acaba determinando y concluyendo que para declarar la exención de las indemnizaciones por despido será necesario que el reconocimiento de la improcedencia del despido se produzca en el acto de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) o bien mediante resolución judicial.

En el caso concreto objeto de consulta, la improcedencia no pareció haberse reconocida ni en el acto de conciliación ante el SMAC ni mediante sentencia, por lo que la indemnización resta sujeta y no exenta, calificándose como rendimiento de trabajo. Asimismo, se indica a la trabajadora la posibilidad de aplicar una reducción del 30% prevista en el art. 18.2 LIRPF, en el caso de cumplimentar los requisitos esenciales para ello.

En conclusión, hemos observado principalmente que en el caso de que nos despidan tenemos la opción de presentar una demanda para que nos reconozcan la improcedencia del despido, en el caso que la sentencia ratifique nuestra posición, la empresa podrá o bien readmitirnos, abonándonos los salarios de tramitación, o bien pagarnos la indemnización correspondiente por la improcedencia del despido. En este último caso, como hemos podido ver, será necesario que esta indemnización sea reconocida o en el acto de conciliación o en una resolución judicial para que quede exenta de tributación en el IPRF, de lo contrario quedará sujeta a tributación como rendimiento de trabajo.


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